La Justicia tucumana bajo la lupa

Mariana Romero, una de las periodistas más reconocidas de Tucumán en casos de corrupción e impunidad, lanzó duras críticas contra el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y la administración de justicia en la provincia. Según Romero, la diferencia entre justicia y administración de justicia es fundamental: mientras los empleados judiciales muchas veces muestran compromiso y filtran información que permite visibilizar casos, los niveles superiores de la estructura mantienen prácticas que favorecen la impunidad.

El caso emblemático del feminicidio de Paola Tacacho sirve como ejemplo. Romero afirma que "Paola fue asesinada por el Estado, poniéndole un cuchillo en la mano al asesino" debido a la inacción de funcionarios judiciales. Aunque reconoce la labor de algunos empleados comprometidos, advierte que la justicia continúa funcionando de manera desigual, privilegiando a quienes cuentan con dinero y poder.

Archivos de causas y estadísticas sobre la verdad

Romero aseguró que el Ministerio Público Fiscal utiliza el archivo de causas como una herramienta de presión. 

"Los archivos son una guillotina sobre nuestra cabeza. Te condicionan, incluso si eres inocente", explicó, detallando que ella misma tuvo que intervenir legalmente para evitar que su causa fuera archivada.

La periodista criticó además el uso del juicio abreviado en Tucumán, que, según su análisis, favorece a los culpables que pueden negociar la calificación de delitos graves, mientras personas inocentes permanecen detenidas por meses. "Tenemos gente inocente presa y culpable en libertad. Todo para mejorar estadísticas", aseguró.

Tecnología avanzada, pero resultados limitados

Si bien reconoció los avances tecnológicos y la incorporación de peritos y profesionales de excelencia, Romero cuestionó la efectividad de estos recursos frente a la falta de investigación sobre funcionarios con poder. "Te pongo un ejemplo: José Alperovich no fue citado, y 43 personas vinculadas a su entorno deberían estar siendo investigadas", señaló.

Romero enfatizó que la Justicia protege a los poderosos y deja desprotegidos a los más vulnerables: 

"Las cárceles están llenas de pobres. Tener un buen abogado tiene un costo, y no todos pueden pagarlo. Mientras tanto, los altos funcionarios quedan fuera del alcance de la ley".

Clases, oscurantismo y acceso limitado a la información

La periodista aseguró que el Ministerio Público Fiscal mantiene un carácter clasista y cerrado: "El pasilleo, que antes permitía que la gente humilde entendiera el estado de sus causas, ya no existe. Hoy parece que seguimos en pandemia, y el acceso a información pública está bloqueado".

Romero critica además la prolongación en el cargo de Jiménez, de 81 años, y advierte que ciertos fiscales ejercen un oscurantismo que contradice la obligación de publicidad de los actos de gobierno. "Hay fiscales que salen un domingo a atender víctimas, pero otros manejan la información con opacidad y protegen intereses particulares", aseguró.

Un llamado a la transparencia y la igualdad ante la ley

Para Romero, la justicia en Tucumán necesita un cambio profundo. La protección de funcionarios poderosos, el manejo discrecional de archivos y la desigualdad en el acceso a la defensa legal son prácticas que minan la confianza ciudadana. "La sociedad tiene derecho a estar informada. Cuando no lo está, se convierte en víctima potencial", concluyó.

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