La IGJ avanza sobre la AFA y reclama acceso a documentación clave

La Inspección General de Justicia solicitó formalmente la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino tras detectar lo que calificó como "graves irregularidades".

La medida fue elevada al Ministerio de Justicia de la Nación y lleva la firma del inspector general Daniel Roque Vítolo.

Según el planteo oficial, la AFA no habría remitido información contable y financiera que le fue requerida. Por eso, la IGJ busca que representantes designados puedan acceder a libros, balances y documentación respaldatoria.

Desde el organismo aclararon que no se trata de una intervención, sino de una veeduría con fines estrictamente fiscalizadores.

Qué se investigará: balances, universidad y contratos millonarios

La inspección apuntará a tres ejes centrales:

• Los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025.

• El proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).

• Las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos.

En particular, se pondrá bajo la lupa el vínculo con TourProdEnter LLC, su titular Javier Faroni, y el denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellos el empresario Ariel Vallejo.

El objetivo es reconstruir el flujo de fondos: cuánto se facturó, cuánto ingresó al país, cómo fueron las remesas internacionales y si se cumplieron las obligaciones fiscales y estatutarias.

También se revisará toda la documentación vinculada a la creación y financiamiento de la UNAFA: compra de inmuebles, contratación de autoridades y convenios firmados.

La disputa por el domicilio y el trasfondo político

El pedido llega después de que la IGJ rechazara el intento de la AFA de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires. El organismo sostuvo que el traslado no cumplía con los requisitos legales y que la sede declarada no funcionaba como administración real.

Actualmente, la entidad que preside Claudio Tapia mantiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, lo que la deja bajo la órbita de la IGJ.

Desde el Ministerio remarcaron que en la gestión del presidente Javier Milei "no hay privilegios" y que todas las asociaciones civiles deben cumplir con las normas legales y contables.

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