La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, habló sobre la situación actual de la empresa concesionaria involucrada en trabajos en El Cadillal. La misma, que ha operado en la zona durante 28 años, dejó de cumplir con las obras de mantenimiento estipuladas en su contrato, lo que llevó a la provincia a intervenir y asumir un costo de reparación de 1200 millones de pesos.

Traes eso, la provincia emprendió acciones legales para recuperar estos fondos, pero se encontró con que la empresa carece de activos significativos, lo que plantea desafíos para la recuperación de los fondos. Pedicone de Valls explicó que la provincia ha obtenido un embargo sobre los bienes de la empresa, pero estos no son suficientes para cubrir la deuda.

"Estamos queriendo recuperar de Hidroeléctrica Tucumán los 1200 millones que la Provincia puso para reparar la presa de El Cadillal que debió hacer la empresa y  no hizo. La provincia, al pedir los informes a la empresa se encuentra con que la empresa no tiene bienes", indicó.

Ante esta situación, la provincia está buscando alternativas legales para asegurar la recuperación de los fondos adeudados. Han solicitado a la cámara una revisión de la decisión inicial del juez y están explorando la posibilidad de embargar los fondos que la empresa recibe de Camesa, el mayorista que administra el sistema hidráulico en la región.

Pedicone expresó su preocupación por la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente teniendo en cuenta el impacto en los servicios esenciales que brinda la provincia. También señaló que este caso podría sentar un precedente importante para otras empresas en situaciones similares en todo el país.

En última instancia, Pedicone de Valls subrayó la necesidad de que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones contractuales y financieras, especialmente cuando se trata de proyectos de infraestructura críticos para el bienestar de la comunidad