Más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina atravesaron situaciones de inseguridad alimentaria en 2024. Así lo reveló un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que alertó sobre el deterioro en el acceso a una alimentación segura y nutritiva. Según el relevamiento, el 35,5% de la infancia del país vivió algún grado de inseguridad alimentaria, y el 16,5% la sufrió en su forma más grave.

El documento, titulado "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", fue elaborado por las investigadoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, con la coordinación de Agustín Salvia. El análisis abarca datos recolectados entre 2010 y 2024 y traza una tendencia preocupante, con picos de inseguridad alimentaria registrados en 2018, 2020 y el último en 2024.

Según el estudio, las familias más afectadas por esta situación son aquellas encabezadas por personas con trabajos informales o desempleadas, hogares monoparentales y núcleos numerosos. La falta de acceso a alimentos suficientes y de calidad no solo impacta en la salud de los niños, sino también en su desarrollo cognitivo, físico y emocional.

Hambre, desigualdad y consecuencias educativas

La inseguridad alimentaria infantil va más allá de la simple carencia de alimentos. La falta de nutrientes esenciales en etapas clave del desarrollo afecta el crecimiento físico, la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estos déficits pueden generar consecuencias duraderas, como enfermedades crónicas o problemas metabólicos.

El informe también advierte que los niños que presentan déficit educativo son más propensos a vivir en hogares con inseguridad alimentaria. En este sentido, la escuela funciona como un espacio protector, ya que los menores que asisten regularmente tienden a tener mejores condiciones nutricionales.

Entre 2022 y 2024, más de la mitad de los niños y adolescentes del país atravesaron inseguridad alimentaria al menos un año. El 14,8% la sufrió de manera crónica y otro 9,2% vio agravada su situación. Solo el 44,5% logró mantenerse al margen del problema durante ese período.

En el desglose regional, el AMBA sigue concentrando los mayores niveles de inseguridad alimentaria, aunque el interior del país mostró un crecimiento significativo del fenómeno en los últimos años.

Propuestas para enfrentar una crisis profunda

El equipo de la UCA planteó la necesidad de políticas públicas integrales que aborden tanto las causas estructurales como los efectos coyunturales de la inseguridad alimentaria. Las autoras recomiendan reforzar las transferencias de ingresos, ampliar el sistema de protección social y garantizar el acceso igualitario a la alimentación escolar.

También se propone una estrategia territorial con enfoque federal, centrada en los hogares más vulnerables. La revalorización del rol de las escuelas y comedores escolares como espacios de contención es otra de las claves para mitigar el impacto del hambre en la infancia.

El informe concluye que revertir esta problemática requiere compromiso estatal, voluntad política y una mirada a largo plazo. Sin soluciones estructurales, millones de chicos seguirán expuestos a un flagelo que condiciona su presente y compromete su futuro.