La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez sumó nuevos acusados y abre la puerta a más sospechas. En una audiencia judicial se imputó a dos hombres por encubrimiento agravado, mientras que los investigadores consideran que podrían existir más personas involucradas en las maniobras para ocultar pruebas.

El caso es investigado por el fiscal Pedro Gallo, quien sostiene que la víctima fue asesinada en la vivienda de Felipe Sosa, conocido como "El Militar", y que luego varias personas habrían colaborado para eliminar evidencias y ocultar el cuerpo.

Nuevos imputados en la causa

Durante la audiencia se imputó a Jorge Díaz y Nicolás Navarro Flores por encubrimiento agravado. La Justicia ordenó que ambos permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

Según la hipótesis de la fiscalía, Felipe Sosa habría asesinado a la joven a golpes luego de que ella llegara a su casa, ubicada en Yerba Buena, durante la madrugada del 7 de enero.

Tras el crimen, el acusado habría contado con ayuda para eliminar pruebas y ocultar el cuerpo dentro de una bolsa de residuos.

Las sospechas de los investigadores

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma explicó que uno de los imputados habría llegado a la vivienda en una camioneta perteneciente a la empresa "Mundo Limpio", vinculada al principal acusado.

Según la investigación, el vehículo fue visto salir del lugar horas después con varias bolsas en la caja. Los investigadores creen que allí podrían haberse retirado residuos o elementos utilizados para limpiar la escena del crimen.

Además, la fiscalía puso en duda parte de la declaración de Justina Gordillo, quien también está imputada por colaborar en el ocultamiento del cuerpo y en la eliminación del celular de la víctima.

La postura de las defensas

Durante la audiencia, los abogados de los imputados cuestionaron los procedimientos policiales y la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía.

El defensor Juan Pablo Bello, que representa a Díaz, denunció irregularidades en la detención de su cliente y sostuvo que el procedimiento policial no coincidía con lo que figuraba en el acta oficial.

La decisión de la Justicia

La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y consideró que existen pruebas suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso.

Por ese motivo, resolvió dictar prisión preventiva por tres meses para ambos imputados mientras continúa la investigación.

Aunque los acusados optaron por no declarar durante la audiencia, adelantaron que lo harán ante el fiscal en los próximos días. La fiscalía no descarta que surjan nuevos implicados en un caso que, por el momento, sigue lejos de esclarecerse por completo.