La situación judicial de Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, suma tensión y preocupación. A más de dos semanas del hecho, la joven continúa en Brasil con tobillera electrónica, sin pasaporte y con una prohibición de salida del país que no tiene plazo definido.

En un video que publicó en su cuenta de TikTok, Páez expuso cómo atraviesa este momento: "Estoy desesperada, estoy muerta de miedo. Se están vulnerando todos mis derechos", expresó visiblemente angustiada.

Cómo se originó la causa por injuria racial en Ipanema

El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, cuando una discusión por el pago de la cuenta derivó en una denuncia penal por injuria racial, un delito que en Brasil está equiparado al racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.

Según la Policía Civil de Río de Janeiro, la investigación ya fue cerrada y elevada al Ministerio Público. La acusación sostiene que Páez realizó insultos y gestos racistas hacia un trabajador del local.

La defensa, encabezada por el abogado Sebastián Robles, dio otra versión del hecho: aseguró que cinco empleados impidieron que el grupo de turistas se retirara del lugar y que existieron provocaciones previas, registradas por cámaras de seguridad. En ese contexto, Páez reconoció haber respondido con un gesto tras sentirse hostigada.

Tobillera electrónica, miedo y un habeas corpus en trámite

Desde el inicio del proceso, Páez no puede abandonar Brasil. Primero le retuvieron el pasaporte y luego le colocaron una tobillera electrónica. Aunque su DNI fue devuelto, la prohibición de salida del país continúa vigente.

El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Mientras tanto, su defensa presentó un habeas corpus para que pueda regresar a la Argentina y seguir el proceso judicial de manera virtual.

En paralelo, la joven denunció un episodio de inseguridad en el departamento donde se alojaba, lo que la obligó a mudarse. Su padre relató que su hija está "aterrada" y teme por su integridad.

La Embajada argentina en Brasil le ofreció asistencia, aunque no interviene en la causa judicial. La Policía Civil, por su parte, remarcó en redes sociales que "el racismo no es una broma" y confirmó el cierre de la investigación.

Sin plazos claros y bajo una fuerte exposición pública, Agostina Páez espera una resolución judicial que le permita regresar al país mientras continúa su defensa.