Sandra Cardozo padece la enfermedad de Pompe, una patología poco frecuente que requiere un medicamento específico llamado avalglucosidasa alfa. Este tratamiento evita la acumulación de glucógeno en los músculos, una condición que puede provocar un deterioro progresivo de la movilidad y otras funciones vitales.

En mayo, la Justicia Federal ordenó a PAMI cubrir el 100% del costo del medicamento, dado que la paciente cuenta con certificado de discapacidad. Sin embargo, pasaron más de tres meses y Sandra sigue sin recibir la medicación.

Autorizado pero no entregado: el cruce de versiones entre PAMI y el laboratorio

Desde PAMI aseguran que el tratamiento está autorizado, lo que, según su protocolo, implica que también está abonado. Pero desde el laboratorio que debe proveer la droga, señalan lo contrario: los fondos no fueron girados.

Este desencuentro entre la obra social y el proveedor dejó a Sandra en el medio, sin respuestas y sin tratamiento. La incertidumbre sobre quién debe accionar impide que la paciente reciba una medicación fundamental para su calidad de vida.

Más que una paciente: una comunidad que acompaña y reclama

"No es solo mi mamá. Detrás hay una familia, un barrio, una iglesia, un equipo médico", relata su hijo, quien visibilizó el caso con angustia e impotencia. Sandra lucha por mantener su salud y su ánimo, pero la falta del tratamiento la debilita cada día más.

Este no es un caso aislado. Otras familias atraviesan situaciones similares en diferentes puntos del país. Por eso, la familia exige al Gobierno nacional y provincial que intervengan, ya que la salud de las personas con discapacidad no puede esperar.