La investigación por la golpiza contra Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle gira en torno a una pregunta crucial: ¿Hubo pelea aislada o un ataque grupal premeditado?

Mientras las defensas sostienen la primera hipótesis, la querella y la acusación fiscal plantean que existió una agresión en grupo con roles previamente distribuidos.

La imputación formulada por el auxiliar fiscal Hugo Campos, en base a la denuncia presentada por Mónica García de Targa contra Santiago Bagne y César Máximo Carreras -los únicos procesados en la causa- permite delinear la teoría del Ministerio Público Fiscal en relación con los hechos ocurridos el jueves 29 de enero.

Según la acusación, ambos habrían actuado en conjunto con aproximadamente 15 personas, con una división de tareas previamente acordada, buscando provocar una deformación permanente en el rostro y un debilitamiento permanente de un sentido, órgano o miembro de Ledezma.

De acuerdo con esa reconstrucción, el grupo habría perseguido a la víctima por la vía pública luego de que saliera del local bailable, hasta que uno de los participantes logró propinarle una patada en las piernas que lo hizo caer a una zanja.

Una vez en el suelo, y mientras varios agresores le asestaban golpes de puño y patadas en el estómago, pecho, hombros, espalda y cabeza, cuando Ledezma se encontraba en posición fetal, la imputación sostiene que Bagne y Carreras se habrían ubicado junto a otros jóvenes formando un cerco humano con el objetivo de impedir que terceros pudieran asistirlo o que el propio damnificado escapara.

Entre las lesiones descriptas en el expediente figura un golpe que impactó en el rostro del joven, provocándole un hematoma bipalpebral en el ojo derecho, acompañado de hemorragia conjuntival y una escoriación lumbar derecha de siete por 0,5 centímetros.

Según la acusación, la agresión que se buscaba producir no llegó a concretarse únicamente porque un grupo de jóvenes logró atravesar el cerco humano para proteger a la víctima, sumado a la aproximación de más personas en el lugar.

Por estos hechos, Bagne y Carreras fueron imputados como coautores del delito de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas.

A pedido del Ministerio Público, se les dictó prisión preventiva por 30 días y ambos fueron alojados en el penal de Benjamín Paz. Sin embargo, antes de cumplirse una semana de esa resolución recuperaron la libertad. El juez de Impugnación Edgardo Sánchez hizo lugar al planteo de la defensa de Bagne al considerar que en la imputación no se especificaba con claridad su rol concreto en el hecho.

La situación de Carreras tuvo un tratamiento distinto: sus defensores, Ángel Fara y Daniel Medina, solicitaron su excarcelación argumentando que tampoco se encontraba determinado con precisión cuál había sido su participación en el incidente. Estas decisiones judiciales no modificaron la situación procesal de ambos jóvenes, que continúan imputados por los mismos delitos.

Otro eje relevante de la investigación es el incidente previo ocurrido dentro del boliche. Sobre ese episodio existen dos relatos distintos: la víctima sostuvo que el grupo de jóvenes oriundos de Concepción agredió a uno de sus amigos porque conversaba con la hermana de uno de ellos, mientras que los señalados afirman que el denunciante habría acosado a la misma joven. Lo que sí se encuentra acreditado es que Bagne fue el único expulsado del local por el personal de seguridad.

Las interpretaciones de este antecedente también dividen a las partes. Los defensores de Bagne, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, insisten en que no hubo un ataque grupal ni planificación previa, mientras que José María Molina, abogado de Ledezma, considera que la causa aún tiene un amplio recorrido y que el expediente contiene indicios que podrían comprometer tanto a Bagne como a otros jóvenes que ya fueron identificados.

Entre los aspectos pendientes de resolución figuran el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a Bagne y Carreras, que podrían aportar nuevas secuencias del hecho; la evaluación de los testimonios de más de una decena de testigos ofrecidos por las defensas y la querella; y la decisión del fiscal sobre si citará a declarar a los mencionados o iniciará una investigación formal en su contra.

Asimismo, el informe pericial sobre las cámaras de seguridad, elaborado por especialistas en Delitos Telemáticos, será clave para reconstruir con mayor precisión las secuencias de los incidentes y determinar la eventual participación de los jóvenes que estuvieron presentes en la agresión.