El Gobierno inicia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

Mediante el Decreto 695/2025, el Estado lanzará la venta de acciones de NASA a inversores privados y un programa de propiedad para trabajadores, mientras mantiene el control mayoritario.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), responsable de la generación de energía nuclear en el país. La medida contempla la venta del 44 % de las acciones a inversores privados mediante licitación pública nacional e internacional y la implementación de un Programa de Propiedad Participada del 5 % destinado a los trabajadores.

El Estado nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conservarán el 51 % de las acciones, asegurando el control mayoritario. Además, ENARSA transferirá su 1 % de participación a la Nación, y NASA cederá 0,01 % de su participación en ENARSA.

 Motivos del Gobierno para abrir capital privado

Según el Ejecutivo, la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica plena y la incorporación de capital privado permitirá:

  • Financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).

  • Completar el almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II.

  • Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, NASA recibió transferencias de capital por 700 millones de pesos. Pese a ello, el Gobierno sostiene que la participación privada es clave para fortalecer la competitividad y asegurar futuras inversiones.

Récord histórico y próximos pasos

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto destaca la capacidad técnica de la compañía, pero subraya la necesidad de capital privado para mantener esta performance.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de ejecutar la licitación, siguiendo los lineamientos de la Ley 23.696. La Secretaría de Trabajo evaluará la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y presentará un informe a la Comisión Bicameral del Congreso para cumplir con los requisitos legales.

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