El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación nacional e internacional para operar cuatro de las principales represas hidroeléctricas del sur argentino, ubicadas sobre el Río Limay, en las provincias de Neuquén y Río Negro. Las centrales -que generan el 10% de la energía eléctrica del país- serán concesionadas por 30 años, con el objetivo de atraer inversión privada y asegurar su funcionamiento tras el vencimiento de los contratos originales en 2023.

Según estimaciones oficiales, la licitación podría generar ingresos cercanos a los US$500 millones. El proceso se formalizó este martes a través del Decreto 590, publicado en el Boletín Oficial.

Cuáles son las represas que se licitan y cómo será el proceso

Las represas involucradas son Alicurá (AES Argentina), El Chocón y Arroyito (Grupo Enel), Piedra del Águila (Central Puerto) y Cerros Colorados (Grupo Orazul). Todas venían operando con concesiones prorrogadas desde el vencimiento formal de sus contratos, en agosto de 2023.

El nuevo decreto deroga el anterior (564/2025), amplía los plazos y fija 60 días corridos para convocar un concurso público "sin base, competitivo y expeditivo". Las empresas interesadas deberán cumplir con una serie de condiciones técnicas, medioambientales y de seguridad.

Además, los actuales operadores tendrán 5 días para confirmar su continuidad provisoria hasta que se adjudique la licitación, pero deberán:

• Renunciar a litigios internacionales (como los que avanzan en el CIADI),

• Pagar regalías a las provincias,

• Presentar una garantía de cumplimiento.

Qué espera el Gobierno y por qué es una licitación clave

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de elaborar los pliegos de bases y condiciones, que incluirán desde el esquema de remuneración hasta los requisitos técnicos de operación.

El Gobierno busca cerrar este proceso antes de fin de año. Las represas no solo son estratégicas por su aporte energético limpio, sino también porque representan una alternativa más económica frente a las centrales térmicas, que requieren combustibles fósiles.

Durante el mandato anterior, se había negociado con las provincias una eventual gestión estatal conjunta, pero finalmente se optó por abrir el juego al capital privado.