El Gobierno aumentó el presupuesto destinado a hospitales de alta complejidad

El Ejecutivo nacional aumentó los fondos destinados a hospitales y centros de salud de alta complejidad, con foco en pediatría, aunque la Ley de Emergencia Pediátrica aún permanece suspendida.

El Gobierno Nacional decidió incrementar el presupuesto destinado a hospitales de alta complejidad, especialmente aquellos con atención pediátrica, a pesar de que la Ley N° 27.796 de Emergencia Pediátrica permanece suspendida. La medida fue oficializada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mediante la Decisión Administrativa 29/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Según Francos, el aumento permitirá reforzar los gastos operativos, salarios y recursos en hospitales clave del país, asegurando la continuidad de la atención en los principales centros de salud.

Hospitales y centros beneficiados

Entre los establecimientos que recibirán fondos adicionales se destacan:

  • Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan"

  • Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner"

  • Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. "El Calafate"

  • Hospital Dr. René Favaloro y Hospital Presidente Néstor Kirchner

Además, la medida incluye organismos descentralizados como el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte", el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone".

Suspensión de la Ley de Emergencia Pediátrica

La Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada en mayo, establecía la asignación inmediata de fondos al sector pediátrico y la recomposición salarial del personal asistencial, incluidos los residentes. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su implementación por falta de financiamiento suficiente, que según estimaciones tendría un costo fiscal de $196.270 millones, mientras que el Ministerio de Salud presenta un déficit de $102.400 millones.

El Gobierno advirtió que cubrir la ley implicaría destinar hasta un 30% del presupuesto de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria, y un 60% del programa de prevención de VIH-Sida, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del resto del sistema de salud pública.

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