El Gobierno nacional presentó este jueves una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, para evitar entregar el 51% de las acciones de YPF. La decisión judicial, emitida por la jueza Loretta Preska, ordena al Estado argentino cumplir con la sentencia millonaria por la expropiación de la petrolera realizada en 2012.

Con esta jugada, el país se adelantó a la resolución pendiente de Preska sobre si autorizaba o no la ejecución de la entrega de acciones solicitada por los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo.

El pasado lunes 30 de junio, la magistrada había fijado como fecha límite el lunes 14 de julio para que Argentina depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York.

El Gobierno busca frenar el traspaso accionario

Tras el fallo adverso, los abogados del Estado habían solicitado a la jueza que suspendiera la ejecución mientras se presentaba la apelación formal. Argumentaron el carácter inédito del caso, el perjuicio institucional para el país y la necesidad de que cualquier cambio en la composición accionaria de YPF cuente con aprobación del Congreso nacional.

Con la apelación ya en curso, ahora será la Corte de Apelaciones la que deberá analizar si acepta el pedido argentino y frena el cumplimiento inmediato de la sentencia.