El cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, imputado por haber herido gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo, declaró este miércoles ante el juez Ariel Lijo, quien subroga a María Servini en la causa. Guerrero admitió haber efectuado el disparo de la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del periodista, pero sostuvo: "Jamás tuve la intención de lastimar. Soy inocente".

Detalles de la indagatoria

Durante la audiencia, se comunicó formalmente al gendarme que se le atribuye haber disparado "varios" cartuchos con una pistola lanzagases marca FM número 00660. El proyectil que alcanzó a Grillo era un cartucho calibre 38 mm candela "CN", causando lesiones graves que pusieron en riesgo su vida. La víctima fue trasladada primero al Hospital Ramos Mejía y luego sometida a una craneoplastía bilateral por un defecto óseo craneal.

Guerrero alegó que actuó conforme a los manuales del arma, que los disparos fueron realizados "a lugares seguros" y que la visibilidad estaba limitada por el humo, el agua de los hidrantes y la máscara antigás que llevaba puesta. Según su versión, los manifestantes lo atacaron a él y a sus compañeros con piedras, recibiendo él mismo cinco impactos.

Críticas de los querellantes

Para los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representan a Grillo, la explicación de Guerrero no es creíble. Señalan que el fotoperiodista estaba de cuclillas tomando fotos, sin representar peligro alguno, y que el disparo fue efectuado de manera horizontal y antirreglamentaria, contraviniendo los protocolos que exigen disparar con ángulo oblicuo hacia el suelo.

Según el CELS, el ataque demuestra que Guerrero actuó "a sabiendas del riesgo que su accionar podía causar en terceros" y que sus declaraciones sobre el cumplimiento de los manuales son falsas.

El caso sigue su curso en el Juzgado de Ariel Lijo, mientras se evalúa la evolución neurológica de Pablo Grillo, quien aún registra secuelas graves por el impacto.