El 18 de diciembre de 2024, Fernando Gómez, un joven bagayero de 27 años, murió tras recibir dos disparos de perdigones de plomo en una represión encabezada por Gendarmería Nacional en un paso ilegal de Aguas Blancas, Salta. La autopsia confirmó que las municiones atravesaron su tráquea y un pulmón.

Cinco suboficiales del Escuadrón 20 de Orán fueron imputados por "homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego". Se trata de los sargentos Néstor Ortiz y Jonatan Franco y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vásquez. Según la causa que encabeza el fiscal federal Marcos Romero junto a la jueza Ivana Hernández, Gómez fue baleado durante un operativo habitual de Gendarmería, denunciado por los bagayeros como extorsivo, donde los uniformados secuestran mercadería que nunca llega a ser registrada por la Justicia.

Ese día, los trabajadores informales fueron advertidos por las "campaneras" del inminente operativo. A pesar del intento de evitar el enfrentamiento, se desató una persecución y los gendarmes abrieron fuego. Gómez cayó herido de muerte. Luego del crimen, sus compañeros respondieron arrojando piedras contra el puesto de Gendarmería, lo que derivó en una nueva represión.

Contradicciones oficiales y una promesa vacía

Gendarmería afirmó en un informe que solo dos efectivos efectuaron disparos con "munición anti-tumulto" y que Gómez fue herido por otros trabajadores, una hipótesis descartada por todas las pericias. También señalaron el hallazgo de hojas de coca, cigarrillos y cocaína, aunque ese supuesto secuestro jamás fue formalizado judicialmente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó a los gendarmes y acusó públicamente a los bagayeros de estar vinculados al narcotráfico. Además, viajó a Aguas Blancas y anunció la construcción de un alambrado para impedir el cruce ilegal en la zona, pero la obra nunca se concretó. Los postes colocados en su visita fueron retirados a las pocas horas.

Durante esa misma visita, Bullrich fue increpada por el padre de un gendarme que reclamaba aumentos salariales. La ministra prometió un ajuste por tramos del 2%, que fue el único compromiso cumplido. El resto, como el equipamiento prometido, sigue sin aparecer.

Ahora, la Justicia espera nuevas pruebas para determinar el grado de responsabilidad de los imputados. Mientras tanto, otro caso de "gatillo fácil" involucra a una fuerza federal en medio de una política de seguridad que prioriza la represión y el show mediático.