Las políticas de transferencia destinadas a la niñez y la adolescencia volvieron a demostrar su impacto estructural en los hogares más vulnerables. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que, sin programas como la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar y el Plan 1.000 Días, la indigencia en Argentina sería un 82% más alta, lo que implicaría 2,6 millones de personas adicionales en situación extrema.

De acuerdo con el estudio, este paquete de ayudas opera como un "anclaje" que evita que miles de familias caigan por debajo de la línea de subsistencia, especialmente en un contexto de inflación persistente y pérdida de ingresos reales.

Qué programas resistieron mejor la inflación

El informe de la OPC también analizó la evolución del poder adquisitivo de cada prestación durante los últimos años, lo que permitió identificar diferencias significativas:

• AUH: el beneficio que mejor se sostuvo

La Asignación Universal por Hijo tuvo un repunte marcado desde fines de 2023, con un aumento inicial del 100% y la posterior aplicación de actualizaciones mensuales vinculadas al IPC.
Este esquema permitió que su valor real se estabilizara y, en términos comparativos, fuera el programa con mejor respuesta frente a la inflación.

• Prestación Alimentar: la más golpeada por la suba de precios

A diferencia de la AUH, la Prestación Alimentar depende de incrementos discrecionales y no cuenta con un mecanismo automático.
El resultado: pérdida sostenida del poder de compra, con aumentos que quedaron por debajo de la inflación.

• Plan 1.000 Días: crecimiento y estabilidad

Luego de un incremento nominal del 500% en 2024, este programa mantuvo su valor real en niveles altos y estables, posicionándose también como una herramienta efectiva para la protección temprana de la niñez.

Un sistema social ampliado, pero con desafíos pendientes

La OPC también destacó la expansión del esquema de protección social en las últimas décadas: los beneficios pasaron de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025, con una inversión constante cercana al 1% del PBI.

El informe, sin embargo, advierte que este crecimiento responde más a la urgencia de asistir a una población cada vez más vulnerable que a la consolidación de un sistema verdaderamente universal. Y alerta sobre una conclusión central: la sostenibilidad de estas políticas depende, inevitablemente, del crecimiento económico, único camino para reducir la dependencia del Estado y generar movilidad social real.