El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo y preocupación por la decisión de la Justicia de Tucumán que impone un bozal legal al director de la empresa de televisión por cable CCC, así como a los productores, periodistas y conductores de la firma. La medida limita la difusión de contenidos relacionados con fiscales, funcionarios y magistrados de la provincia.

La cautelar fue dictada por el juez subrogante Lucas Taboada tras una denuncia presentada por el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, por presuntos delitos de entorpecimiento y ofensa al ejercicio de funciones públicas, coacción institucional e incitación a la violencia o al descrédito institucional.

Alcance de la medida

La orden judicial no solo afecta a Gustavo Olarte, director de CCC, sino también a todos los productores, periodistas y conductores de la empresa. 

La resolución prohíbe por seis meses la difusión de cualquier contenido que pueda injuriar, desacreditar, tergiversar o distorsionar la actuación de fiscales, funcionarios o magistrados, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

FOPEA advierte que esta decisión afecta directamente el derecho a la información y constituye un acto de censura previa, poniendo en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos protegidos por la Constitución.

Precedentes y jurisprudencia

El foro recordó un caso similar de alto impacto social y político, la prohibición de difusión de audios atribuidos a Karina Milei, donde un tribunal civil falló a favor de la libertad de expresión, estableciendo que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio social.

FOPEA enfatizó que el honor y la intimidad no justifican censura preventiva, sino remedios posteriores en caso de afectación. Por ello, exigió la restitución inmediata de los derechos constitucionales de prensa y expresión, vulnerados por la medida judicial en Tucumán.