Reunión bajo la lupa: el encuentro que anticipó una tragedia sanitaria

Cuatro meses antes de que saliera a la luz el escándalo por el fentanilo adulterado que terminó con la vida de 96 pacientes, dos altas funcionarias de la ANMAT mantuvieron una reunión con el empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio Ramallo SA, responsable de la elaboración del medicamento contaminado.

El encuentro se llevó a cabo el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT, y no fue registrado oficialmente. Participaron Agustina Bisio, titular del organismo, y Gabriela Mantecón Fumadó, entonces directora del INAME. El motivo: una inspección previa había detectado fallas graves en la planta de producción del laboratorio.

Fallas detectadas, medidas demoradas

La inspección al laboratorio Ramallo se realizó entre fines de noviembre y mediados de diciembre de 2024. En ese procedimiento, se identificaron múltiples irregularidades en los procesos de calidad, control, documentación y recursos humanos. Pese a lo grave del informe, el laboratorio continuó operando y recién fue inhabilitado el 10 de febrero de 2025.

Lo alarmante es que el lote de fentanilo contaminado fue producido el 18 de diciembre de 2024, es decir, después de la inspección pero antes de que se tomaran medidas concretas. Ese lote, según la investigación judicial, provocó la muerte de casi un centenar de personas.

Sospechas, cruces y responsabilidades en juego

La existencia de la reunión fue confirmada por Bisio en una ampliación de su declaración ante el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga posibles responsabilidades penales por parte de funcionarios públicos. Según la funcionaria, el encuentro fue solicitado por Mantecón Fumadó, quien también habría organizado la presencia del empresario sin dejar registro formal.

Bisio aseguró haber participado sin opinar y solo por insistencia de su colega, quien, dijo, "temía represalias". Sin embargo, el contenido de la conversación giró en torno a los resultados de la inspección y los descargos del laboratorio, que presionaba para evitar la clausura.

Gabriela Mantecón Fumadó fue removida de su cargo en agosto, tras conocerse demoras en la toma de decisiones sobre los laboratorios con antecedentes de irregularidades. El Gobierno nacional abrió un sumario administrativo para determinar si hubo negligencia o encubrimiento por parte de funcionarios.