Fentanilo contaminado: el director de HLB Pharma amplió su indagatoria y la Justicia define procesamientos
José Antonio Maiorano rompió el silencio ante el juez Kreplak. Son 17 los imputados en la causa que investiga el lote vinculado a 96 muertes en hospitales del conurbano.
El director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Antonio Maiorano, pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa por el fentanilo contaminado, tras haberse negado a declarar en su primera citación. El juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta escucharon su testimonio en una audiencia reservada. Con esta presentación se cerró la ronda de indagatorias y el magistrado quedó en condiciones de definir los procesamientos, decisión que podría conocerse en los próximos días.
Los principales acusados
El expediente apunta como principal responsable a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio Ramallo S.A., donde se elaboró el lote 31202. También están imputados sus hermanos, su madre y su abuela, que formaron parte del directorio. Otro de los señalados es Javier Tchukran, director general de Ramallo y HLB Pharma, presente en varias etapas de la producción. En total, 17 personas están imputadas, de las cuales siete permanecen detenidas.
La lupa sobre el Estado
La investigación también avanza sobre las responsabilidades de organismos de control. Días atrás hubo allanamientos en oficinas de la ANMAT, el INAME y en domicilios de exfuncionarios. Entre ellos, Gabriela Mantecón Fumadó, desplazada en agosto como titular del INAME, tras revelarse que un informe interno que advertía sobre irregularidades en Ramallo fue ignorado durante semanas.
Testimonio clave que complica el caso
Un exjefe de producción del laboratorio, Eduardo "Ruso" Darchuk, declaró que una jefa de control microbiológico reconoció en mayo que una muestra de fentanilo "dio positivo", pero nunca lo informó. Según el relato, la técnica Adriana Iudica habría dicho: "La verdad, me olvidé". El testimonio, aunque tomado con cautela, refuerza la hipótesis de graves fallas en los controles internos y agrava la situación judicial de los directivos.