El escándalo por la distribución de fentanilo contaminado, que dejó al menos 96 muertos en hospitales y clínicas de todo el país, sumó en las últimas horas un giro importante: el juez federal Ernesto Kreplak decidió excluir al Ministerio de Salud de la Nación como parte querellante en la causa.

Según argumentó el magistrado, la participación del ministerio no se justifica legalmente y podría interferir en el proceso, debido a los posibles conflictos de interés que se desprenden de su rol en las auditorías a los laboratorios involucrados.

Quiénes siguen como querellantes

Con la salida del Estado nacional, siguen impulsando la causa los familiares de las víctimas y el Hospital Italiano de La Plata, que fue el primero en dar la voz de alerta tras detectar muertes sospechosas en pacientes que recibieron el medicamento adulterado.

Ambos actores serán claves en el desarrollo del expediente, que busca determinar cómo el fármaco llegó a circular en el sistema de salud sin ser detectado por los organismos de control.

Detenciones, imputaciones y un pedido clave

En paralelo, la investigación avanza sobre los responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.. Ya fueron detenidos Ariel García Furfaro -dueño de ambas firmas-, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda, y otros directivos y técnicos vinculados a las compañías.

El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez que profundice las indagaciones sobre posibles responsabilidades del Estado en el control fallido de los laboratorios. El objetivo es determinar si hubo negligencias o incluso complicidades que facilitaron la distribución del fentanilo contaminado.