Casi de manera imprevista, este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia en la causa que investiga el asesinato de Érika Álvarez. El foco estuvo puesto en la situación de Felipe Sosa, principal sospechoso y hasta ahora único detenido por el crimen.

La convocatoria tuvo como eje central un pedido de la defensa para que Sosa sea trasladado a un establecimiento médico y reciba atención psiquiátrica, ante un presunto problema de adicción a sustancias.

Posturas enfrentadas entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal

Los abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, sostuvieron que Sosa presenta un cuadro compatible con una adicción y que podría atravesar un síndrome de abstinencia. Por ese motivo, solicitaron una intervención médica urgente.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Luz Becerra, se opuso al traslado. La fiscal se apoyó en un informe del psiquiatra Santiago Anzorena, del Cuerpo Médico Forense, quien señaló que en la evaluación previa a la detención no se detectaron síntomas de adicción.

Además, Becerra recordó que durante la audiencia de formulación de cargos el propio imputado negó tener problemas de consumo y afirmó que solo consumía drogas de manera ocasional. Esta postura fue acompañada por el abogado querellante, Carlos Garmendia.

La palabra de Sosa y el reclamo por las condiciones de detención

Durante la audiencia, Felipe Sosa reconoció que consumía drogas "prácticamente todos los días", aunque negó estar atravesando síntomas de abstinencia. Sin embargo, expresó su preocupación por una posible evolución negativa de su estado de salud.

Por otro lado, la defensa también reclamó mejoras en las condiciones de comunicación con el imputado. Cosiansi y Flores denunciaron que las entrevistas con su cliente se realizaban siempre con presencia de personal penitenciario, lo que vulneraría el derecho a una defensa adecuada. Sosa, en tanto, afirmó estar aislado e incomunicado.

La decisión del juez

Tras escuchar a todas las partes y luego de algunos cruces entre los abogados, el juez Eduardo González rechazó el pedido de traslado médico al considerar que no existen, hasta el momento, síntomas de abstinencia que justifiquen una derivación urgente.

No obstante, el magistrado ordenó librar un oficio al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que, en un plazo de 48 horas, un profesional de salud mental se presente en el penal de Benjamín Paz, evalúe a Sosa, emita un diagnóstico y recomiende el tratamiento correspondiente.

En cuanto a los reclamos por la comunicación con la defensa, el juez instó a los abogados a iniciar el trámite administrativo correspondiente y solicitó al Servicio Penitenciario que informe si el imputado recibe un trato diferenciado respecto de otros detenidos en situaciones similares.