El Gobierno nacional se prepara para un nuevo revés judicial en la causa por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Manhattan, podría dictar una resolución en las próximas horas que complique aún más la situación legal y financiera de Argentina.

Desde el entorno presidencial aseguran que "se agotarán todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos", aunque reconocen su preocupación ante la posibilidad de que se confirme la entrega del 51% de las acciones estatales a Burford Capital, el fondo beneficiario del fallo. La condena original impuesta en 2023 obliga al país a pagar más de USD 16.000 millones.

En ese marco, el Gobierno apunta contra lo que llama "buitres domésticos", entre los que menciona a Axel Kicillof, exfuncionarios, analistas y estudios de abogados. Afirman que "alimentan a los fondos buitres" con declaraciones públicas que son usadas en contra del país.

Kicillof, Burford y la pelea en la justicia de EE.UU.

Uno de los momentos que generó mayor malestar fue la conferencia de prensa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien defendió la expropiación de YPF. Desde la Procuración del Tesoro sostienen que sus dichos fueron citados por los demandantes para debilitar la posición argentina en el juicio.

Burford Capital, el fondo que compró los derechos del litigio, pidió quedarse con las acciones de YPF como parte de pago. Y aunque la petrolera no está formalmente involucrada en la causa, cualquier vínculo con el Estado -como una reunión oficial- podría reforzar la teoría del "alter ego", es decir, que la empresa y el Estado argentino son lo mismo.

La estrategia del Gobierno y el rol de la diplomacia

El Gobierno trabaja contrarreloj para reforzar su estrategia legal e internacional. En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó a Argentina al advertir que conceder el pedido de Burford violaría la inmunidad soberana. Ahora, con el cambio de administración en EE.UU., la Cancillería busca renovar ese respaldo.

Además, se evalúa que países como Uruguay y Paraguay vuelvan a actuar como amicus curiae, presentando apoyo ante el tribunal. También se gestiona el respaldo de países europeos.

Pese a ello, en el Gobierno admiten que el contexto es adverso. "No se negociará nada. La estrategia es judicial. Hay especulación de sectores que quieren sacar tajada. Esto cruza intereses políticos, económicos y energéticos", afirmaron desde la Casa Rosada.