En un momento crucial para el futuro de YPF, Argentina presentó sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal, en el marco del juicio por la expropiación de 2012.

La defensa del Estado, liderada por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, solicitó que se suspenda de forma definitiva la orden de transferencia, sin garantías, hasta que se resuelva la "cuestión de fondo" del caso que enfrenta al país con el fondo Burford Capital.

Aunque el tribunal no tiene plazos formales para fallar, se espera una decisión inminente, incluso en las próximas horas.

Qué está en juego

El país ya fue condenado en primera instancia a pagar más de USD 17.500 millones por una supuesta expropiación indebida. Ahora, el foco está en evitar que Burford pueda ejecutar el fallo y tomar control de las acciones de YPF antes de que se defina la apelación de fondo.

En su presentación, Argentina argumentó que:

• Las acciones están en territorio argentino y no fueron utilizadas para fines comerciales en EE.UU.

• La ejecución viola la Ley de Inmunidades Soberanas y el principio de comity internacional.

• La pérdida del control estatal de YPF sería un daño irreparable para el país.

• No hay riesgo de "disipación" de activos, ya que la venta de las acciones requeriría aprobación del Congreso.

Además, el Gobierno estadounidense presentó un amicus curiae en apoyo a la posición argentina, algo que Burford criticó con dureza.

Tres posibles escenarios

1. Fallo favorable: La Corte suspende la entrega de acciones sin condiciones y permite continuar el proceso de apelación.

2. Fallo intermedio: Se mantiene la suspensión, pero se exige una garantía que será definida por la jueza Preska.

3. Fallo adverso: Se habilita la entrega inmediata del 51% de las acciones. En ese caso, Argentina ya anticipó que apelará a la Corte Suprema de EE.UU.

Desde la Procuración del Tesoro remarcan que el interés público está en juego y advierten sobre posibles consecuencias diplomáticas y comerciales si se ejecuta la medida. El desenlace del caso podría tener impacto no solo económico, sino también político e institucional.