El escándalo que golpea al entorno presidencial

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando capítulos. El fiscal federal Franco Picardi resolvió extender por diez días más el secreto de sumario, una medida que busca preservar la confidencialidad de la investigación.

Todo comenzó con la filtración de audios comprometedores de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, en los que menciona supuestos pedidos de coimas a droguerías para sostener contratos con el Estado. Entre las firmas señaladas aparece Suizo Argentina, cuyos dueños también quedaron bajo la lupa judicial.

Allanamientos, celulares y una máquina de contar billetes

En las últimas semanas, el juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos clave: oficinas de la ANDIS, sedes de Suizo Argentina y la vivienda de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. La Justicia secuestró dispositivos electrónicos, documentación y hasta una máquina de contar billetes en poder de Spagnuolo, hallado en una casa en Pilar.

Además, se dictó la prohibición de salida del país para Spagnuolo y varios empresarios, incluyendo miembros de la familia Kovalivker, vinculados a la droguería mencionada.

Los peritos del DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) ya lograron acceder al contenido del celular de Spagnuolo, aunque detectaron que hubo mensajes eliminados. Ahora intentan determinar si entre esos chats estaban comunicaciones con Javier Milei, Karina Milei o "Lule" Menem.

La estrategia judicial: tiempo, cautela y presión política

Con la prórroga del secreto de sumario, los imputados seguirán sin acceso al expediente, mientras avanzan los peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. En paralelo, los accionistas de Suizo Argentina plantearon recursos por "nulidad" y "cosa juzgada", que aún deben resolverse.

El escándalo estalla en pleno calendario electoral y salpica al corazón del oficialismo, generando ruido en la Casa Rosada y presionando al Gobierno para dar respuestas. La investigación apunta a esclarecer si existió una red de sobornos en el sistema de compra de medicamentos para personas con discapacidad.