La crisis de SanCor sumó un nuevo y grave capítulo judicial. Dos expresidentes de la cooperativa láctea, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, fueron procesados por la presunta apropiación indebida de aportes a la seguridad social, en una causa que investiga una evasión superior a los $1.600 millones retenidos a los trabajadores y nunca depositados.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, quien además ordenó un embargo de $90 millones para cada uno de los exejecutivos y rechazó el pedido de suspensión del juicio.

Retención de aportes y una investigación que comenzó con denuncias laborales

La causa se originó en diciembre de 2023, cuando trabajadores de la planta de Sunchales, en Santa Fe, denunciaron ante el Ministerio Público de la Acusación que la empresa no había realizado los depósitos correspondientes a los aportes jubilatorios ni a las obras sociales, pese a haberlos descontado de los salarios.

A esa presentación se sumó una denuncia similar realizada por empleados de la planta de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires, que terminó siendo acumulada en el Juzgado Federal de Rafaela.

Según la investigación, Gastaldi -quien presidió el consejo de administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022- habría cometido 17 hechos de apropiación indebida, mientras que Sánchez, su sucesor entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, fue imputado por otros 16 hechos, en el marco del Régimen Penal Tributario.

Más de $1.600 millones retenidos y nunca depositados

De acuerdo a las constancias judiciales, los exdirectivos no ingresaron los montos retenidos a los empleados dentro de los plazos legales. La suma total investigada asciende a $1.644.440.882,68.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que SanCor actuó como agente de retención, pero no cumplió con la obligación de transferir los fondos, lo que configura -en grado de probabilidad- un delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

SanCor al borde del colapso financiero

El procesamiento se da en un contexto crítico para la cooperativa. SanCor acumula una deuda superior a los $20.000 millones solo en sueldos impagos, aportes sociales y compromisos sindicales, y enfrenta más de 300 pedidos de quiebra presentados por distintos acreedores.

El juez del concurso, Guillermo Vales, convocó recientemente a los acreedores a presentar planes de reactivación, una medida inédita para el sector. Mientras tanto, la empresa sobrevive gracias a contratos a fasón, produciendo para terceros como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.

Despidos, ajuste y un plan de crisis que no alcanza

A comienzos de noviembre, la conducción de SanCor presentó un plan de crisis que contempla el recorte de 304 puestos de trabajo como eje central para aliviar la situación financiera. En los últimos dos años, la empresa ya concretó 370 despidos, aunque el ajuste no logró frenar el deterioro económico.

La combinación de causas judiciales, deuda creciente y pérdida de empleo mantiene a la histórica láctea en uno de los momentos más delicados de su historia.