Una pared que divide la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y la Escuela de la Patria Manuel Belgrano, en La Rioja al 600, desató una fuerte controversia entre la Provincia y el Municipio de San Miguel de Tucumán. El conflicto surgió a raíz de un informe de Catastro y Edificación municipal, que alertó sobre un posible riesgo de derrumbe tras la denuncia de un grupo de padres.

Los inspectores municipales constataron "fisuras y grietas" en el muro, y advirtieron que el mismo presenta "tendencia a colapsar hacia la calle". A raíz de esto, se ordenó el vallado del área, se emitió una notificación a la escuela para desalojar la zona afectada, y se declaró el edificio en "peligro de derrumbe" a través de un decreto municipal.

Desde el Gobierno provincial salieron a desmentir los riesgos. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, aseguró que "la escuela está en perfectas condiciones", y la ministra de Educación, Susana Montaldo, cuestionó duramente el informe técnico: "No sé quién lo hizo. Tal vez no es un ingeniero. Hay que ser serios", expresó.

¿Quién tiene razón?

Del lado municipal, el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklian, insistió en que el diagnóstico no es nuevo y que la respuesta provincial ha sido insuficiente: "Hace tres meses que hicimos la inspección, y solo pusieron un vallado. A las cosas hay que solucionarlas", reclamó.

Por su parte, desde la DAU aseguran que ya se está trabajando en una solución. En junio, el área técnica elaboró un proyecto de refuncionalización del sector afectado. La obra, que incluye la recuperación del muro y la reparación de los sanitarios que provocaron daños, tiene un presupuesto estimado de $58 millones, aunque se calcula que ya podría ascender a $80 millones.

¿Qué se hará con el espacio?

El edificio en cuestión tiene más de 70 años y anteriormente albergó a la Dirección de Inmuebles Fiscales. Luego del traslado de esas oficinas, fue cedido temporalmente a la cooperadora de la escuela. Sin embargo, la Provincia insiste en que el inmueble pertenece a la DAU.

Además del proyecto ya presentado, se baraja una alternativa más ambiciosa: demoler el sector y construir nuevas oficinas para la repartición provincial. Esta opción aún está en análisis, pero según fuentes oficiales, la idea es avanzar con una definición en el corto plazo.