El escándalo de El Cadillal sumó nuevas revelaciones que comprometen aún más al ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán. La fiscala Mariana Rivadeneira confirmó que durante dos meses el comisario habría ordenado el traslado irregular de cuatro detenidos, tres de ellos condenados por abuso sexual, desde la comisaría de Chuscha y otro desde Yerba Buena, hacia dependencias de la URN en Tafí Viejo.

Los movimientos no fueron registrados en los libros oficiales ni informados a la Justicia. Según la investigación, los presos eran obligados a trabajar como albañiles en beneficio personal del jefe policial.

El auxiliar fiscal Federico Lizárraga detalló que el martes pasado Beltrán, junto a los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, falsificó el libro de guardia al dejar asentado que dos detenidos serían llevados a la comisaría de Chuscha. En realidad, el móvil policial se dirigió directamente a la obra que Beltrán levantaba en El Cadillal.

El terreno es fiscal

Mientras la maniobra se exponía en la audiencia, surgió otra novedad: el segundo jefe de la URN, Sergio Juárez, está siendo investigado por su posible participación. Aunque no quedó detenido, su situación continúa bajo análisis judicial.

En paralelo, fuentes de Casa de Gobierno confirmaron que la vivienda en construcción se encontraba en un predio fiscal, perteneciente a la Provincia. Se trata de un lote que forma parte de los múltiples loteos clandestinos que crecieron en los últimos años en la zona de El Cadillal. Además, se confirmó que el terreno sería usurpado. 

La investigación ya generó cambios internos en la Policía. Se confirmó que otros efectivos fueron pasados a disponibilidad mientras siguen las medidas judiciales para determinar el alcance de las responsabilidades.