El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz se declaró competente para investigar el escándalo de Alberdi. Si el juez federal correspondiente convalida esa postura, la pesquisa por presunta asociación ilícita, lavado de activos y confabulación con fines de narcotráfico pasará a la órbita del fuero federal, desplazando a la Justicia ordinaria.

Para entrar en contexto, el caso se originó tras la viralización de un audio en el que un presunto empresario, Chipi Giménez, dialoga con quien hasta ese momento era el intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, exponiendo supuestos vínculos entre funcionarios municipales, operadores políticos y redes de narcotráfico, además de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas.

La Justicia Federal inició una investigación de oficio, mientras que la Justicia ordinaria lo hizo a instancias de la Policía y de dos concejales opositores. Vehils Ruiz avanzó rápidamente con una hipótesis fuerte: pidió la detención de Giménez, Campos y del ex secretario de Hacienda, José Roldán. Además, apuntó contra la legisladora Sandra Figueroa, esposa del exintendente.

Mientras tanto, en el fuero ordinario, la fiscal Mónica García de Targa logró mayores avances procesales. Consiguió el procesamiento con prisión preventiva de Giménez por intimidación pública e instigación a cometer delitos. Posteriormente, amplió la acusación por asociación ilícita contra otros exfuncionarios: Roldán, el exsecretario de Desarrollo Social Pablo Barrionuevo, el exconcejal Albano Loru y el sindicalista José Funez. Todos, excepto este último, permanecen detenidos con prisión preventiva por cuatro meses.

Según expuso el auxiliar fiscal Bernardo Sassi durante las audiencias, los acusados habrían constituido una organización que canalizaba fondos públicos destinados a obras para encubrir operaciones de lavado de dinero ligado al narcotráfico.

A partir de esta línea de investigación, se solicitó que la causa fuera traspasada a la Justicia Federal. Si bien ese pedido fue rechazado en primera instancia, finalmente fue aceptado por el mismo juez al convalidarse las prisiones preventivas.

La fiscal, García de Targa, había notificado a Campos de que sería investigado por intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, nunca solicitó una audiencia para imputarlo formalmente. Algo similar ocurrió con la legisladora Figueroa, quien aparece firmando contratos por más de $ 400 millones con empresas ligadas a Giménez, pero que sigue sin imputación formal debido a sus fueros parlamentarios.

Fuentes judiciales confirmaron que, en caso de avanzar la competencia federal, Vehils Ruiz incorporará al expediente los elementos recolectados hasta ahora por la Justicia ordinaria. Entre sus primeras medidas deberá resolver la situación procesal de los detenidos, cuyos defensores ya comenzaron los trámites para solicitar sus libertades, con base en el posible cambio de fuero y el tiempo transcurrido desde las detenciones.

Así, el futuro de la causa dependerá de si el juez federal acepta asumir la competencia plena. De ser así, el expediente pasaría a formar parte de una de las investigaciones federales más relevantes de la provincia, por la gravedad de los delitos imputados y el nivel de implicación de exfuncionarios y dirigentes con responsabilidad pública.