La Justicia tucumana condenó a tres años de prisión efectiva a Juan Alberto López Cansillieri por haber liderado una organización que desviaba y vendía mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social. El acusado, que trabajaba en la Legislatura de Tucumán, también fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos y deberá pagar $2 millones como reparación.

El caso se destapó en noviembre de 2024, cuando su pareja lo denunció por violencia de género. En un allanamiento realizado en su vivienda de Manantial Sur, la Policía halló una gran cantidad de alimentos destinados a sectores vulnerables. La investigación posterior reveló que la mercadería era retirada con órdenes del Ministerio y luego vendida ilegalmente.

Cómo operaba la red de venta ilegal de alimentos sociales

La fiscal Mariana Rivadeneira y su equipo determinaron que López Cansillieri era el organizador del esquema. Según la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, el imputado contactaba a personas, organizaba las entregas y recibía los pagos. Además, manejaba los precios y asignaba roles a sus colaboradores.

Entre 2023 y 2024, López Cansillieri retiró y acopió miles de kilos de alimentos: fardos de arroz, yerba, fideos, harina, azúcar, entre otros, que luego comercializaba pese a estar prohibido. Su padre, Alberto Felipe López, declaró que el objetivo era multiplicar el caudal de mercadería recibido y obtener mayor ganancia.

El 15 de mayo, Alberto López y Arturo Augier también fueron condenados a tres años en suspenso. El 21 de mayo, Brenda Muñoz y Malvina Décima accedieron a una probation con trabajo comunitario y una reparación económica. Solo resta definir la situación procesal de Mauricio Romo para cerrar definitivamente la causa.