El lunes 6 de mayo, Verónica Acosta, vecina de Villa Mercedes (San Luis), revisó su cuenta bancaria esperando encontrar los $8.000 que recibe cada mes como cuota alimentaria. Pero en su lugar, apareció una cifra imposible de ignorar: $510.236.811.

El dinero, proveniente de una cuenta oficial del gobierno provincial, fue transferido por error. Lo que siguió fue una serie de compras y transferencias frenéticas: electrodomésticos, un auto, cerámicos, y más de 60 envíos de dinero a familiares y conocidos, todo en menos de 24 horas.

La Justicia avanza: imputaciones y una fianza millonaria

El insólito episodio fue rápidamente detectado por el tesorero del gobierno, quien presentó la denuncia. La investigación derivó en allanamientos, congelamiento de cuentas y la imputación de seis personas: Verónica Acosta y cinco de sus allegados, todos acusados de defraudación al Estado y retención indebida.

La jueza Antonela Panero ordenó que cada uno de los imputados deposite una fianza de $30 millones en un plazo de tres días hábiles para evitar la prisión preventiva. Aunque más del 90% del dinero ya fue recuperado, la causa sigue abierta.

"No son delincuentes": la versión de la defensa

El abogado de los acusados, Hernán Echevarría, defendió a sus clientes argumentando que se trata de personas humildes y sin antecedentes, que actuaron sin plena conciencia de lo que sucedía. "Fue un error del Estado y no una maniobra criminal", dijo, al tiempo que calificó la fianza como "excesiva e imposible de pagar".

Verónica, por su parte, declaró que al principio pensó que le habían depositado 500 mil pesos, no millones. Asegura que usó parte del dinero para necesidades básicas, como la compra de cerámicos para su casa, donde aún no tiene piso, y una mochila para el inodoro.

los pasos de la justicia

La Justicia ahora busca determinar si hubo dolo en la utilización del dinero. Aunque Acosta afirma que no sabía de dónde provenían los fondos, en solo 10 minutos realizó 12 transferencias, y en total se contabilizaron 66 movimientos bancarios.

Mientras tanto, la defensa apeló tanto la imputación como la fianza. El caso sigue generando repercusiones en San Luis, donde un simple error administrativo puso en jaque a toda una familia... y al sistema de control del Estado provincial.