El periodista de nuestro medio, Roque Galeano, interpuso un recurso de impugnación judicial para anular la medida cautelar que impone una censura previa para callar a los medios para que no hablen de la Justicia de Tucumán en toda la programación de CCC (Compañía de Circuito Cerrado).

La resolución, fechada el 4 de noviembre de 2025, ordena una restricción de la libertad de expresión durante un plazo de seis meses.

La presentación de Galeano califica la medida como un "retroceso democrático" y una "censura previa judicial encubierta". Además, se preguntó: "¿Quiénes son los jueces?, ¿Acaso se pretende generar una consciencia institucional?".

El documento critica que la cautelar es de naturaleza tan amplia que va más allá de los hechos, ya que alcanza a la crítica y las opiniones sobre temas de interés público.

La impugnación argumenta que la medida es "inadmisible" constitucionalmente por la siguiente razón: se dictó sin oír a las partes afectadas y sin individualizar el daño cierto o inminente que justifique la restricción.

Además, la resolución se funda en "afirmaciones vagas" y alude de forma genérica a "riesgo institucional".

La defensa de Galeano sostiene que la medida viola el artículo 14 de la Constitución Nacional. Dicho artículo prohíbe la censura previa para publicar ideas por la prensa. También es contraria al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional.

El documento judicial enfatiza que la libertad de expresión es un "derecho preferente" del sistema democrático. Por consiguiente, la restricción anticipada no puede fundarse en la "mera molestia o incomodidad institucional". La impugnación concluye que la medida es desproporcionada e innecesaria.

El abogado de Galeano, el doctor Juan Andrés Robles, hizo reserva de interponer un recurso extraordinario federal argumentando que se violaron los Tratados Internacionales y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial el precedente "Kimel vs. Argentina".