En un contexto de ajuste estructural y reducción de programas de asistencia, las familias con personas con discapacidad se ven empujadas a un endeudamiento crónico para garantizar la subsistencia. Según el Informe de la Encuesta Federal sobre Discapacidad y Endeudamiento, realizado por Movida Ciudad, el 88% de estos hogares está endeudado, no para proyectos de vida, sino para cubrir necesidades elementales como comida, medicamentos y terapias. Este dato cuantifica la crisis humanitaria que atraviesa un colectivo que denuncia ser un blanco claro de las políticas de recorte.

La encuesta, aplicada a 214 hogares de todo el país, muestra que el 41% se endeudó específicamente para comprar alimentos, casi un 30% para adquirir medicamentos y otro 33% para pagar tarjetas de crédito. La deuda se ha convertido en un mecanismo forzoso de supervivencia, combinando préstamos formales (bancos, billeteras virtuales) e informales (familiares y amigos), en un escenario donde más de la mitad de las familias desconoce la tasa de interés que paga.

La doble carga: mujeres cuidadoras al borde del colapso

La crisis recae desproporcionadamente sobre las mujeres. El 94% de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, el 80% se identifica como cuidadora y el 73% es jefa de hogar. Esto revela una feminización absoluta del cuidado y la responsabilidad económica, donde una sola persona suele llevar el peso de los ingresos, la administración doméstica y la atención permanente de la persona con discapacidad.

"La feminización absoluta del cuidado se ve muy claramente... y estos procesos de shock neoliberal terminan recargando trabajo sobre las mujeres que cuidan", explica Luci Cavallero, socióloga y una de las coordinadoras del informe. Esta sobrecarga se traduce en una doble o triple jornada laboral, profundizando la vulnerabilidad de hogares donde el ingreso promedio ($1.289.900) es insuficiente, y la mitad vive con menos de $925.000 mensuales.

El retiro del Estado: de derecho a negocio financiero

La presión sobre las familias se intensifica con el retiro sistemático del Estado. El 66% de los hogares perdió uno o más beneficios en el último año, principalmente medicamentos, prestaciones médicas y terapias. Paralelamente, el 74% de las personas con discapacidad encuestadas no cobra la Pensión no Contributiva, y un 8% la perdió recientemente.

Este vacío estatal es llenado por la deuda privada. "Lo que el Estado deja de proveer, se transforma rápidamente en un negocio financiero", señala Cavallero. La situación llega a extremos críticos: el 76% de las familias reduce la compra de alimentos y casi un 30% interrumpe tratamientos o medicación para pagar otras obligaciones. En personas de 60 a 69 años, más de la mitad ha tenido que suspender terapias.

El costo en la salud mental: ansiedad, insomnio y desesperanza

El estrés financiero tiene un impacto devastador en la salud mental. El 87% de los encuestados reporta un deterioro, con síntomas de ansiedad (89%), angustia (83%) e insomnio (63%). Muchas cuidadoras también experimentan sensaciones físicas como ahogo, taquicardia e irascibilidad.

La deuda opera así como un "dispositivo político de disciplinamiento", generando incertidumbre permanente y fracturando vínculos familiares y comunitarios. "La deuda es mucho más que una cuestión de insustentabilidad económica", concluye Cavallero. "Absorbe el malestar del ajuste, impide imaginar un futuro y fragiliza los lazos sociales".

Esta realidad contrasta con la agenda legislativa actual, donde el Presupuesto 2026 proyecta derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma recién reafirmada por el Congreso, lo que podría profundizar aún más la crisis aquí documentada.