A seis meses del fuerte temporal que golpeó al Departamento Federación, el Ministerio de Economía oficializó la emergencia y/o desastre agropecuario en el distrito de Mandisoví, provincia de Entre Ríos, donde los cultivos de citrus sufrieron graves daños por el granizo y los vientos intensos del 5 de mayo.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece que la medida regirá hasta el 4 de mayo de 2026, abarcando todo el ciclo productivo de la zona afectada. La decisión responde al pedido elevado por el gobierno entrerriano, que presentó el decreto provincial 2522/2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Cómo acceder a los beneficios fiscales y crediticios

Los productores citrícolas alcanzados por la emergencia podrán acceder a prórrogas impositivas, exenciones fiscales y facilidades crediticias, en el marco de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.

Para ello, deberán presentar un certificado provincial que acredite que su explotación está dentro del área y período declarados. Además, la provincia deberá remitir al Ministerio de Economía un listado con los productores afectados.

Las entidades bancarias oficiales o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán instrumentar los mecanismos necesarios para aplicar los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley, que incluyen refinanciación de créditos y exenciones tributarias.

Emergencia también por sequía en Río Negro

En paralelo, el Ministerio de Economía prorrogó y amplió el estado de emergencia agropecuaria por sequía en Río Negro, medida que impacta directamente en las explotaciones bovinas, ovinas y caprinas.

La declaración abarca los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio, y suma a Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo, con vigencia desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

Esta disposición busca mitigar los efectos de la sequía persistente en la región y brindar apoyo a los productores ganaderos mediante los beneficios fiscales y financieros que establece la Ley de Emergencia Agropecuaria.