El presupuesto ambiental del 2025 cae casi un 70%
El presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, muestra una caída real de casi 69% frente a 2023.
El presupuesto 2025 de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, muestra una caída real de casi 69% frente a 2023. Los datos surgen del Monitor Ambiental de Presupuesto de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Por segundo año consecutivo, el Gobierno trabaja con un presupuesto prorrogado, una situación inédita en Argentina, que permite modificar o recortar partidas sin la intervención del Congreso. En total, el presupuesto nacional cayó 26,5% en términos reales entre 2023 y 2025.
Impacto desigual entre áreas y fondos estratégicos
Según FARN, nueve de cada diez partidas ambientales muestran caídas en términos reales, que van del 28,1% al 83,2%. Entre las más afectadas:
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Administración de Parques Nacionales: caída real del 40,1%, el nivel más bajo de los últimos cinco años.
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Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos: se reduce un 77,8% respecto a 2023 y no alcanza los mínimos establecidos por la Ley 26.331, sancionada en 2007.
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Servicio Nacional de Manejo del Fuego: recibe apenas dos tercios de los fondos ejecutados en 2023, con una caída del 33,9%. En 2024 solo se ejecutó el 22% del presupuesto disponible, un 81% menos que en 2023.
Además, las partidas para energías renovables y eficiencia energética reciben 93 veces menos financiamiento que los subsidios a empresas hidrocarburíferas. El Servicio Meteorológico Nacional pierde un 36,5% de su presupuesto real, mientras que el Sistema de Áreas Marinas Protegidas cae un 28,1%.
Efectos sobre políticas ambientales y sostenibilidad
La drástica reducción presupuestaria compromete la ejecución de políticas estratégicas de conservación, manejo forestal, protección de parques nacionales y respuesta ante incendios. También limita programas de transición energética y mitigación del cambio climático.
FARN advierte que, "sin los recursos necesarios, se dificulta el cumplimiento de leyes ambientales vigentes y la sostenibilidad de proyectos que dependen del financiamiento estatal, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la adaptación al cambio climático en Argentina".