El juez federal Adrián González Charvay procesó con prisión preventiva a David Nazareno Ávila, un joven de 21 años oriundo de General Roca, Río Negro, acusado de tener vínculos con grupos extremistas islámicos y de planear un ataque en territorio argentino. La medida fue tomada tras una serie de pruebas encontradas en su celular, que fue analizado luego de su detención en un allanamiento realizado por la Prefectura Naval.

Ávila, quien había sido expulsado del Ejército Argentino, trabajaba como mensajero en la ciudad de General Roca, y hasta el momento de su arresto no había tenido antecedentes penales. Sin embargo, su detención se produjo luego de que un agente encubierto digital de la Prefectura interceptara sus comunicaciones en dos grupos de Telegram vinculados con organizaciones terroristas, como "Archivo de la Revolución Siria" y otro relacionado con Vladislav Roslya, el autor de una masacre en Ucrania.

En uno de los chats de octubre de 2024, Ávila solicitaba instrucciones sobre cómo fabricar explosivos para "cometer un ataque en territorio nacional", lo que desató la preocupación de las autoridades y motivó su arresto inmediato.

Implicaciones y acusaciones contra Ávila

El joven está acusado de formar parte de organizaciones terroristas cuya finalidad es imponer sus ideas por la fuerza o el temor, lo que incluye la incitación al odio y la persecución de personas o grupos por su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. A su vez, se le imputó el delito de haber alentado la propagación de ideologías extremistas a través de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, Telegram y Twitter, utilizando múltiples perfiles.

La causa contra Ávila comenzó tras una denuncia realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) el 22 de abril de 2024. Esta denuncia fue precedida por una investigación preliminar que señalaba que el acusado había estado difundiendo propaganda yihadista del autodenominado Estado Islámico (ISIS). La denuncia también alertó sobre sus supuestos encuentros en el Centro Comercial Portal Escobar, en la ruta provincial 25.

El juez González Charvay también impuso un embargo de 500 millones de pesos a Ávila y declaró que la causa debe ser remitida a la Justicia federal de General Roca, dado que la mayor parte de los hechos ocurrieron en esa jurisdicción.