Mientras Felipe Sosa, conocido como "El Militar", permanece detenido y acusado del atroz homicidio de Érika Antonella Álvarez en Yerba Buena, un documento exclusivo al que tuvo acceso ENTERATE NOTICIAS arroja una sombra aún más densa sobre su pasado judicial y la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán.

Un correo electrónico interno revela que, en mayo de 2025, el MPF tomó la decisión explícita de no formular cargos contra Sosa en una grave denuncia por amenazas presentada por su propio excuñado, justificando la inacción como una "cuestión de estrategia".

Esta revelación no solo expone un preocupante patrón de aparente impunidad para Sosa, sino que también pone en tela de juicio la eficacia y transparencia del sistema judicial tucumano.

La prueba documental: un caso de amenazas congelado por "estrategia"

La información que hoy publica este medio proviene de un correo electrónico fechado el 7 de mayo de 2025, enviado desde la Unidad Fiscal Criminal II a la Recepción OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) del Poder Judicial de Tucumán. El mensaje solicita la cancelación de la audiencia #93211, programada para el día siguiente, 8 de mayo de 2025, vinculada al legajo S-100388/2024, "SOSA FELIPE S/ AMENAZAS."

La víctima identificada en este expediente es López Osa Diego Ramón, quien es el excuñado Mariano Fernández, denunciante de las amenazas.
 
Lo más impactante es el motivo esgrimido para la cancelación y la subsecuente inacción: "El motivo de la cancelación es que por cuestión de estrategia, por ahora no se realizará formulación de cargos hasta tanto se recolecten más evidencias para el legajo."

Este email confirma que, a menos de un año antes de su detención por un crimen de alta conmoción, la Unidad Fiscal a cargo optó por no avanzar en la formulación de cargos contra Felipe Sosa por amenazas, dejando el caso en un limbo por razones "estratégicas" y a la espera de "más evidencias".

La decisión se tomó a pesar de que, según la guía recibida por este medio, un primer fiscal de la causa ya había dictado medidas de protección para el denunciante.

Un historial de polémicos "salvoconductos" judiciales

La inacción del MPF en la denuncia por amenazas no es un hecho aislado en el expediente de Felipe Sosa. "El Militar" ha logrado, en el pasado, esquivar la justicia en otros procesos que generaron controversia y fuertes críticas:

1. Excedente de marihuana en la Justicia Federal: Pese a que la Policía encontró una cantidad significativa de plantas de marihuana (se habla de 36, con versiones que elevan la cifra a 56 plantas, 103 plantines y más de 300 gramos de flores), y a la oposición del Ministerio Público, Sosa fue sobreseído. Su defensa argumentó que cultivaba con fines medicinales, pese a que las cantidades excederían ampliamente lo permitido.

2. Denuncia por violencia de género con fuerte cuestionamiento interno: En la Justicia ordinaria, Sosa enfrentó un proceso por violencia de género. Este caso culminó en un sobreseimiento que, pese a ser dictado por el magistrado Alejandro Valero, vino acompañado de su postura personal: el juez opinó que la causa debería haberse resuelto en un debate oral y público. La propia denunciante llegó a acusar públicamente a Sosa de recibir ayuda del Poder Judicial, aunque luego retiró su planteo.

Interrogantes sobre la "estrategia" y las conexiones

La seguidilla de decisiones judiciales que han favorecido a Felipe Sosa, culminando con la revelación exclusiva sobre la "estrategia" del MPF para no formular cargos en un caso de amenazas, genera profundas preguntas:

· ¿Qué tipo de "estrategia" justifica dejar sin avanzar un caso de amenazas, donde ya se habían dictado medidas de protección para la víctima?

· ¿Qué "más evidencias" se esperaban recolectar y por qué el proceso quedó estancado hasta la detención de Sosa por un delito mucho más grave?

· ¿Existe una conexión entre estos "salvoconductos" judiciales y los supuestos "vínculos" de Sosa, incluyendo la mención de su actual pareja con funciones en la Corte Suprema provincial?

El caso de Felipe Sosa, ahora en el ojo de la tormenta por un crimen que conmociona a la provincia, saca a la luz las grietas del sistema judicial.

La sociedad tucumana demanda transparencia, explicaciones y, sobre todo, la garantía de que la justicia opere con la misma rigurosidad para todos, sin importar influencias o conexiones en las sombras. La "estrategia" del MPF en este caso de amenazas deberá ser exhaustivamente revisada para restablecer la confianza en las instituciones.