El Ministerio Público Fiscal de Tucumán presentó un documento que promete reordenar el funcionamiento interno de la institución, con el objetivo de unificar criterios, transparentar procesos y mejorar la eficiencia del servicio de justicia en la provincia. La medida, firmada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, ya genera repercusiones dentro del ámbito judicial.

El planteamiento principal es garantizar un servicio judicial más ágil y previsible. Entre los temas, se establece que todas las fiscalías deberán aplicar criterios homogéneos en la tramitación de expedientes, evitando desigualdades y dilaciones. 

Otro eje central, es que se ordena que cada movimiento procesal quede asentado en registros electrónicos accesibles, consolidando la digitalización como regla.

Se crea la figura del Secretario Adversarial

Tendrá como función distribuir el trabajo entre auxiliare fiscales y legajistas, además tendrá el poder de supervisar y ejercer control del personal, la autorización de licencias y la aplicación de las políticas criminales del Ministerio Público Fiscal. 

Al mismo tiempo, se incorpora la figura del legajista, encargado de organizar y facilitar los casos a fiscales y auxiliares.

También se apunta a un uso equilibrado de los recursos humanos y materiales, evitando la saturación de algunas fiscalías frente a la baja actividad de otras. En paralelo, dispone que fiscales y empleados se capaciten de manera permanente, sobre todo en el manejo de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal, con especial foco en delitos complejos como narcotráfico, violencia urbana y cibercrimen.

También se expresaron quejas por traslados de empleados que llevaban años trabajando junto a fiscales y que ahora fueron reasignados a otras dependencias.

Resta comprobar si estas medidas, plasmadas en el papel, se consolidan en la práctica cotidiana y logran acercar la justicia a los ciudadanos, devolviendo la confianza que gran parte de la sociedad reclama.