El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), decidió intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPERA) por serios problemas administrativos y financieros. La intervención responde a una deuda prestacional que supera los 43 mil millones de pesos y a un elevado número de reclamos por parte de los afiliados.

OSPERA, que cuenta con aproximadamente 735.000 afiliados, enfrenta una "situación financiera crítica". Entre 2022 y 2023, se registraron 16.410 quejas por falta de cobertura de medicamentos, prótesis, cirugías y otros servicios médicos esenciales. La administración anterior del organismo estatal le había otorgado $3.350 millones en octubre de 2023 como "ayuda financiera", pero la documentación justificativa de estos fondos no se encuentra disponible.

La Superintendencia detectó un aumento del 63% en la deuda prestacional de la obra social desde septiembre hasta marzo de 2024, y un saldo de $1.500 millones en deuda con hospitales públicos. Además, OSPERA está involucrada en 172 acciones judiciales, incluidas demandas por falta de medicamentos, problemas de afiliación, y deficiencias en prestaciones para personas con discapacidad.

La resolución 1612/2024, publicada el 5 de agosto, establece la intervención de OSPERA bajo la administración provisoria de Virginia Montero. La SSS también identificó una serie de irregularidades, como la falta de convenios con prestadores y numerosos juicios laborales y de mala praxis médica.