Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, el Gobierno decidió retomar la discusión sobre la reforma laboral, una iniciativa que ya había sido analizada en el Consejo de Mayo. El proyecto, encabezado por la diputada Romina Diez, lleva el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y apunta a modernizar las relaciones entre empleadores y trabajadores, siguiendo los lineamientos de la Ley Bases.

El texto plantea una serie de cambios estructurales en la legislación vigente, entre ellos la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos, y la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas. Según el oficialismo, la reforma busca "actualizar y mejorar las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado" para adaptarlas al nuevo contexto económico.

Cambios clave: movilidad, beneficios y vacaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modernización de la Ley de Contrato de Trabajo. Se redefine el principio de irrenunciabilidad, se amplían las facultades del empleador para modificar las modalidades de trabajo y se detallan los beneficios sociales no remunerativos, como la provisión de almuerzos, útiles escolares o servicios de telefonía e internet.

En materia de vacaciones, se propone flexibilizar los períodos de descanso, permitiendo su división en tramos no menores a una semana. Además, se garantiza que los trabajadores puedan tomarse vacaciones en verano al menos una vez cada dos años. También se permite que matrimonios o parejas que trabajen para el mismo empleador coordinen sus vacaciones en simultáneo.

En el plano de las licencias, se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad y se establece un procedimiento de control médico oficial a cargo de la Secretaría de Trabajo, con peritajes y sanciones en caso de fraude.

Incentivos al empleo y alivio para pymes

El proyecto incluye un sistema de incentivos fiscales para promover la creación de empleo formal. Las empresas que incorporen nuevos trabajadores durante los primeros 18 meses desde la vigencia de la ley accederán a bonos de crédito fiscal: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías.

Además, se permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas abonen indemnizaciones y sentencias laborales en hasta 12 cuotas mensuales, una medida que busca aliviar la carga financiera del sector productivo.

El texto cuenta con el respaldo de varios legisladores del bloque oficialista y aliados, entre ellos Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Lilia Lemoine, José Luis Espert (en licencia) y Bertie Benegas Lynch, entre otros.