El Gobierno prohíbe los centros de estudiantes en cárceles federales

El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, oficializó la medida a través del Boletín Oficial, limitando la permanencia de internos en los espacios educativos.

A través de la Resolución 372/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad prohibió la existencia de centros de estudiantes dentro de los establecimientos penitenciarios federales. La normativa también establece que los internos solo podrán permanecer en los espacios educativos durante el horario de sus clases asignadas.

Según se fundamenta en la resolución, se detectaron casos de internos que, bajo el pretexto de representar a los estudiantes, permanecían en los centros educativos durante toda la jornada, lo que impactaba en las actividades obligatorias de reinserción social, como el trabajo penitenciario y el mantenimiento de espacios comunes.

Argumentos del Ministerio de Seguridad

La decisión se respalda en la Ley N° 24.660, que regula la ejecución de penas privativas de la libertad. Esta norma establece que el tratamiento penitenciario debe ser obligatorio en aspectos como la convivencia y el trabajo, mientras que la educación se considera una actividad voluntaria.

Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que la medida busca evitar que el sistema educativo en las cárceles sea utilizado para eludir el cumplimiento de las normas penitenciarias. "La educación es un derecho, pero no debe interferir con las obligaciones del tratamiento penitenciario, que es clave para la reinserción social", señalaron fuentes oficiales.

El acceso a la educación seguirá garantizado

Pese a la prohibición de los centros de estudiantes, el Gobierno aseguró que el derecho a la educación en cárceles seguirá garantizado conforme a la Ley N° 26.695 y otras normativas vigentes. Sin embargo, remarcaron que el cumplimiento del tratamiento penitenciario es prioritario dentro del régimen de reinserción.

Con esta resolución, la administración de Bullrich busca reforzar el control dentro de los establecimientos penitenciarios y evitar que los internos avancen en el régimen progresivo sin cumplir con las obligaciones establecidas.

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