El Gobierno Nacional analiza suspender 270.000 pensiones por discapacidad cuyos beneficiarios no pudieron ser localizados en sus domicilios registrados. Esta medida se enmarca en una auditoría masiva que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud.

Hasta ahora, se enviaron más de 550.000 notificaciones para verificar datos y documentación de los titulares, pero solo 280.000 personas respondieron. En 220.000 casos, los domicilios eran inexistentes o incorrectos, y otras 50.000 notificaciones no pudieron ser entregadas por causas como rechazos, vacaciones o plazos vencidos.

En qué consiste la revisión de pensiones

El objetivo de esta auditoría es verificar el cumplimiento de los requisitos legales y médicos para mantener las pensiones por discapacidad. Según fuentes oficiales, en los próximos días se cruzarán datos con Migraciones para determinar si parte de los beneficiarios residen fuera del país.

Además, el Gobierno derogó la resolución 187/2025, que regulaba los controles, y anunció que trabaja en una nueva normativa con aportes de profesionales y organizaciones sociales. El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, deberá presentarla próximamente.

En tanto, el PAMI también participará del proceso, que contempla entrevistas, evaluaciones médicas presenciales y la exigencia de certificados médicos oficiales, con historia clínica y estudios que acrediten la invalidez.

Emergencia en discapacidad: el reclamo de la oposición

En paralelo, bloques opositores presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad. La iniciativa busca garantizar pagos a prestadores de salud, actualizar mensualmente los aranceles y asegurar el financiamiento adecuado de las pensiones, siempre corroborando la permanencia de las condiciones que justifican su otorgamiento.

Desde el oficialismo argumentan que si los beneficiarios no se presentan ni reclaman tras la suspensión, "es probable que haya habido una irregularidad".