El Gobierno justificó el cierre del Instituto Perón y responde a la toma liderada por Grabois

Tras la toma simbólica encabezada por Juan Grabois en la histórica sede del Instituto Juan Domingo Perón, el Gobierno nacional defendió su cierre con un comunicado oficial. Argumentan falta de actividad y alto costo operativo.

La polémica se desató este fin de semana cuando el dirigente social Juan Grabois anunció en redes sociales la "recuperación" del histórico edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, disuelto recientemente por el Gobierno de Javier Milei. A las pocas horas, el Ejecutivo nacional emitió un comunicado para justificar la decisión de clausurar el centro de estudios, fundado en 1997 y emplazado en una casona histórica del barrio porteño de Recoleta.

Según el Gobierno, el cierre responde a razones presupuestarias y de funcionamiento. "Contaba con 20 empleados y un gasto anual superior a los 400 millones de pesos", explicaron, señalando que esos fondos eran destinados íntegramente al pago de sueldos y servicios básicos. Además, aseguraron que el Instituto no produjo investigaciones relevantes en los últimos años.

Toma simbólica y acusaciones cruzadas

El hecho que encendió la mecha fue el ingreso de Grabois y un grupo de militantes del Frente Patria Grande al edificio de la calle Austria 2593, antigua residencia de Juan Domingo Perón y lugar donde falleció Eva Perón, hoy declarado patrimonio histórico.

En su cuenta de X (ex Twitter), Grabois escribió: "La juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita", y acusó al Gobierno de haber disuelto el Instituto "ilegalmente" y de "destruir estatuas de próceres hace apenas una semana".

Patrimonio resguardado y condena a la toma

En el mismo comunicado, el Gobierno repudió lo que calificó como una "irrupción violenta" del edificio, aunque destacó que no hubo daños gracias a las medidas de protección ya implementadas. Detallaron además que todos los elementos del Instituto fueron inventariados y se encuentran en proceso de traslado a instituciones como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.

La tensión entre el oficialismo y sectores del peronismo sigue en aumento, y este episodio suma un nuevo capítulo al debate sobre memoria, historia y uso de recursos públicos.

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