Esta decisión, que afecta a varios de los detenidos durante las manifestaciones por la mejora de los haberes de los jubilados, fue anunciada en la Resolución 343/2025 del Ministerio de Seguridad, firmada por la ministra Patricia Bullrich.

La medida responde a la política de endurecimiento del derecho de admisión, establecida a partir de la Resolución 321/2025, que permite restringir el acceso a espectáculos deportivos a personas que puedan generar un riesgo para la seguridad pública, especialmente aquellas con antecedentes de violencia o conductas disruptivas en el marco de manifestaciones o espectáculos.

Detalles de la resolución y su impacto

La Resolución 343/2025 afecta a individuos imputados o procesados por delitos contemplados en la Ley N°23.184, destinada a la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos. Además, la norma también se extiende a personas procesadas o condenadas por "delitos dolosos con pena de reclusión o prisión", que podrían generar un riesgo para la seguridad en los estadios de fútbol.

La medida incluye a aquellos que hayan demostrado comportamientos violentos en manifestaciones o en lugares públicos, afectando la seguridad y el orden. El Ejecutivo destacó que las 26 personas afectadas por la restricción están imputadas por "atentado y resistencia a la autoridad", según las actuaciones sumariales correspondientes.

Contexto de la medida

La decisión del Gobierno se enmarca dentro de un endurecimiento de las políticas de seguridad, especialmente luego de las movilizaciones que se llevaron a cabo en las cercanías del Congreso en apoyo a los jubilados. Durante esas protestas, varios hinchas de fútbol participaron activamente, lo que generó una respuesta contundente por parte de las fuerzas de seguridad.

Esta medida llega en un contexto de mayor control en los eventos deportivos, buscando prevenir cualquier tipo de altercado o incidente que pueda poner en riesgo la seguridad pública en los estadios de fútbol del país.