El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones públicas y amplió las prohibiciones para impedir la participación de empresas vinculadas a hechos de corrupción. Los cambios quedaron formalizados a través del decreto 5, publicado este martes en el Boletín Oficial, y alcanzan tanto a la obra pública como a la compra de bienes y servicios.

Según establece la norma, quedarán excluidas aquellas firmas que presenten "conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas", en línea con estándares internacionales de integridad y transparencia.

Nuevas restricciones y control internacional

A partir de la modificación, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en los registros de empresas inhabilitadas elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta revisión será obligatoria al momento de evaluar las ofertas presentadas en los procesos de contratación.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la contratación pública debe desarrollarse bajo criterios de "integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas", y señalaron que hasta ahora no siempre era posible corroborar en tiempo real los listados de exclusión de los organismos multilaterales.

En el decreto, el Gobierno advirtió que la corrupción "deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta la calidad de los servicios que brinda el Estado y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos", lo que impacta negativamente en el crecimiento y el desarrollo del país.

El rol del Estado y la lucha contra el cohecho transnacional

El texto oficial subraya que la Argentina debe adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar prácticas corruptas, incluyendo la exclusión e inhabilitación de empresas en los procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos.

En ese sentido, el Ejecutivo destacó que el combate al cohecho transnacional puede instrumentarse a través de sanciones penales, civiles o administrativas, y que la exclusión de las licitaciones es una herramienta clave para disuadir este tipo de conductas.

Privatizaciones y concesiones en la agenda de 2026

La decisión se inscribe en un contexto más amplio de reorganización del Estado y avance del plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno. En el cierre de 2025 se abrió el concurso para la venta de las acciones que controlan Transener, la principal transportadora de energía del país, en un paso previo hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.

También avanza la segunda etapa de concesión de rutas nacionales, que incluye las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, además de tramos de las rutas 3 y 5. Las ofertas por más de 1.800 kilómetros, actualmente operados por Corredores Viales, se conocerán el 6 de febrero.

A su vez, el Gobierno ya publicó los pliegos para la reprivatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con apertura de sobres prevista para el 27 de febrero. AySA, Intercargo y Belgrano Cargas completan la lista de empresas que forman parte de la agenda de privatizaciones de la gestión de Javier Milei para los próximos meses.