El enfrentamiento entre las generadoras de electricidad y el Gobierno por la propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, para saldar la deuda de US$1.200 millones a través de un bono en dólares con una quita del 50%, está generando preocupación en el sector energético y, sobre todo, impactó directamente en el Gobierno.

El conflicto comenzó con la decisión de Caputo de no pagar los compromisos de Cammesa. La deuda corresponde a los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 (aproximadamente US$400 millones por mes), y si no se resuelve, se sumará la deuda de marzo al finalizar mayo. 

La propuesta del Gobierno implica que las empresas acepten el pago de la deuda de diciembre y enero a través del bono AE38 (con vencimiento en 2038), que en la práctica implica una quita del 50% de lo adeudado. 

Se les dio un plazo de cinco días hábiles para aceptar la propuesta, y si la rechazan, no recibirán el pago correspondiente a febrero.

El rechazo fue argumentando con que afecta sus derechos contractuales y viola el derecho de propiedad privada.

Las empresas están evaluando hacer una contraoferta cuando se sienten a negociar con Cammesa, pero temen que si el conflicto escala, podrían tener problemas para acceder al mercado de capitales.