El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el Gobierno nacional suspendió 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, tras detectar múltiples irregularidades. Se trata de casos donde no se cumplieron los requisitos mínimos o los beneficiarios no se presentaron a las revisiones obligatorias.

La cifra representa un aumento de 20 mil casos respecto a lo informado semanas atrás. A esto se suman otras 8.107 pensiones que pertenecían a personas fallecidas y 10.038 que fueron renunciadas voluntariamente.

Desde el Gobierno estiman que esta depuración generará un ahorro mensual de alrededor de 35 mil millones de pesos para las arcas públicas.

Irregularidades alarmantes: estudios médicos repetidos y documentación clonada

Durante la revisión, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó maniobras fraudulentas como el uso de los mismos estudios médicos para justificar distintos casos.

"Se presentó la misma radiografía en más de 150 trámites en Chaco y estudios repetidos en varias solicitudes en Tucumán", señaló Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Estas prácticas, según el Ejecutivo, formaban parte de un esquema que operaba desde hace años y que habría desviado fondos por hasta 1.000 millones de dólares anuales.

La ANDIS, bajo la conducción de Diego Spagnuolo, lleva adelante un proceso de auditorías médicas con profesionales del PAMI, focalizándose en pensiones otorgadas por la ley 13.478 y el decreto 432/97. Este proceso no incluye a menores de edad ni a personas auditadas en 2024.

El trasfondo político: críticas al Congreso y tensiones por el presupuesto

La novedad sobre las bajas se conoció justo después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumenta el presupuesto en materia de discapacidad.

Desde el oficialismo no tardaron en expresar su malestar. Adorni aseguró que "el Congreso defendió un sistema corrupto" y apuntó contra "los mismos que lo diseñaron desde la política".

Además, el Gobierno alertó que la nueva ley implicará un gasto adicional de más de $2 billones en 2025 y más de $4,5 billones en 2026. Esto representa un 0,26 % y 0,47 % del PBI respectivamente, sin contar el impacto del programa "Incluir Salud", que brinda cobertura médica a los beneficiarios.

Una cifra que creció sin control durante décadas

Según datos oficiales, entre 2003 y 2015, el número de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a más de 1 millón. Durante el gobierno de Mauricio Macri bajó levemente, pero volvió a crecer durante la gestión de Alberto Fernández, alcanzando 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023.

Para comparar, Adorni citó el caso de Israel, donde solo el 3,5 % de la población activa cobra una pensión por discapacidad. En Argentina, ese porcentaje asciende al 4,6 %, en un país que no sufrió guerras ni desastres naturales.