El Gobierno nacional oficializó la distribución del Presupuesto 2026 y definió una serie de nuevas reglas para el manejo de fondos públicos y cargos en el Estado, con el objetivo de reforzar el control, la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos.

La medida, basada en la Ley N° 27.798, establece cómo se asignarán las partidas a cada organismo nacional y quiénes tendrán la potestad de autorizar modificaciones, transferencias y movimientos de personal.

Más control sobre partidas y cargos públicos

Uno de los puntos centrales de la normativa es que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá desagregar los créditos presupuestarios hasta el nivel más específico de partidas, programas o categorías. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca un seguimiento más fino del gasto en cada área del Estado.

Para cubrir vacantes, los organismos deberán certificar que el cargo está efectivamente libre y que existe crédito presupuestario disponible. Además, cualquier modificación vinculada a cargos ejecutivos -creación, homologación o cambios estructurales- requerirá la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda, con firma final del Presidente.

Empresas públicas y transferencias bajo la lupa

El decreto también establece que el financiamiento a empresas públicas no financieras deberá canalizarse exclusivamente a través de la jurisdicción "Obligaciones a cargo del Tesoro". El objetivo es evitar la superposición de partidas y fortalecer el control del destino de los fondos.

Además, los pagos solo podrán efectuarse si las empresas cumplen previamente con todas sus obligaciones legales y administrativas.

Informes trimestrales y sanciones por incumplimientos

Todas las jurisdicciones y organismos del Estado deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda la evolución de su dotación de personal y contrataciones, sin importar la modalidad ni el origen de los fondos.

En caso de cambios en la estructura o incorporación de nuevos cargos, será obligatorio presentar un informe de costos y financiamiento antes de recibir autorización. Si se detectan incumplimientos reiterados, Hacienda podrá frenar órdenes de pago como medida correctiva.

Pagos al Tesoro y partidas flexibles

El cronograma de pagos al Tesoro Nacional quedó fijado en cuatro cuotas iguales, con vencimientos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2026. Otras transferencias previstas por normativa también deberán cumplirse de forma trimestral, salvo autorización especial.

Algunas partidas fueron definidas como "indicativas", lo que permite cierto margen de ajuste durante el año, especialmente en insumos, servicios, transferencias, deuda y proyectos específicos.

Obras públicas e inversiones con control técnico previo

Para la compra de bienes de uso o ejecución de obras, los organismos deberán contar obligatoriamente con un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública. Sin esa evaluación, no se podrán avanzar con contrataciones ni incorporar nuevos proyectos al Plan Nacional de Inversiones Públicas.

Además, los responsables de programas deberán presentar informes de planificación y ejecución en plazos estrictos, con reportes trimestrales y, en algunos casos, mensuales sobre avances físicos y financieros.

Con estas medidas, el Gobierno busca centralizar decisiones clave, endurecer los controles y limitar el margen de discrecionalidad en la administración del Presupuesto 2026.