El Gobierno oficializó este martes la designación de autoridades en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos clave del sector agropecuario y vitivinícola, tras la restitución de sus funciones luego de que el Congreso rechazara los decretos delegados que habían modificado su estructura.

El INTA contará con Nicolás Bronzovich como presidente y Carlos Alberto Antonio Vera como vicepresidente. El instituto mantiene su rol en investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos al sector agropecuario, asegurando innovación y modernización en las distintas cadenas productivas.

En paralelo, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) tendrá como titular al ingeniero agrónomo Martín Famulari, mientras que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) designó a Carlos Raúl Tizio Mayer como presidente. Ambos organismos retomarán sus funciones regulatorias, de control y fiscalización, que habían sido modificadas durante los últimos decretos delegados del Ejecutivo.

Reversión de modificaciones y alcance de los decretos

Los cambios aplicados por los decretos delegados habían afectado también a entidades como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el INPI y el INTI.

Los decretos 627/2025 y 628/2025, publicados el 3 de septiembre, restablecieron:

• La autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos.

• La estructura original de Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

• La organización previa del Teatro Nacional Cervantes, el INTA y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

• Las funciones de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se anuló la flexibilización del Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, eliminando su declaración de "servicio esencial" y restaurando los requisitos regulatorios previos.

Estos pasos consolidan la restitución de la estructura y funciones originales de los organismos, luego de un proceso legislativo que limitó las facultades extraordinarias del Ejecutivo y devolvió la autonomía a instituciones estratégicas para el desarrollo tecnológico y agroindustrial del país.