Este martes, el Gobierno de Javier Milei anunció la derogación de la ley que declaraba la emergencia territorial indígena, mediante el Decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión pone fin a la suspensión de los desalojos de tierras que han sido tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas. A partir de mañana, 11 de diciembre, se podrán reactivar los procedimientos judiciales y administrativos, generando incertidumbre sobre la seguridad y los derechos de las comunidades afectadas.

La ley 26.160, vigente desde 2006 y prorrogada varias veces, había sido implementada para proteger a las comunidades indígenas de desalojos forzosos. Sin embargo, el Gobierno consideró que su extensión, la cual estaba vigente hasta 2025, había dado lugar a conflictos y disputas legales, además de generar lo que califican como "inseguridad jurídica".

Críticas al Decreto 805/21: un cambio que podría agravar la situación

El Ejecutivo justifica la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/21, que prorrogó la emergencia hasta 2025, argumentando que esta medida generaba conflictos innecesarios entre ciudadanos y afectaba derechos de propiedad. Según el Gobierno, el prolongamiento de la emergencia había permitido que se expandiera el número de comunidades registradas, sin cumplir con las condiciones necesarias, lo que había empeorado los enfrentamientos por tierras. Además, señalan que la ley permitió el crecimiento de tomas y usurpaciones en muchas provincias, poniendo en riesgo el orden social y económico.

A pesar de estas afirmaciones, las voces críticas sostienen que esta derogación podría resultar en un aumento de la violencia y despojar a las comunidades indígenas de sus tierras, al abrir la puerta a desalojos violentos y conflictos aún mayores.

Desalojos y tensiones sociales: un escenario complicado

El Gobierno ha señalado que la suspensión de desalojos había afectado el derecho de propiedad y la posibilidad de que los legítimos dueños pudieran disfrutar de sus tierras. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias negativas para muchas familias indígenas que, aunque no posean documentos formales, llevan generaciones viviendo en esas tierras.

Además, el Ejecutivo ha señalado que la medida busca poner fin a los abusos que, según ellos, se habían dado bajo el amparo de la ley, pero muchos temen que el restablecimiento de los desalojos aumente las tensiones sociales y genere más conflictos, especialmente en las zonas donde ya existen problemas de violencia por disputas territoriales.