El gobierno de Perú emitió un decreto oficial que cataloga a las personas trans como portadoras de "problemas de salud mental", provocando críticas tanto de la oposición como de la comunidad médica y diversas organizaciones. 

La normativa, firmada por la presidenta Dina Boluarte y los ministros de Economía y Salud, José Arista y César Vázquez Sánchez, respectivamente, incluye el "transexualismo", "transvestismo de rol dual" y "trastornos de identidad de género en la niñez" como enfermedades, permitiendo su tratamiento en centros de salud públicos y privados.

La diputada opositora Susel Paredes ha solicitado al Ministerio de Salud la derogación del decreto, argumentando que refuerza el estigma y la discriminación hacia las personas trans. Además, insta a implementar políticas de salud mental acordes a los estándares internacionales para garantizar derechos como la salud, igualdad e identidad. Se critica también el uso de categorías diagnósticas desactualizadas y patologizantes para la población LGBTIQ, que contradicen los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la cual excluyó a las identidades trans de su lista de patologías en 2018. 

La asociación Más Igualdad Perú, respaldada por profesionales de la salud mental y organizaciones de derechos humanos, ha exigido revertir esta inclusión en el sistema de clasificación de enfermedades.