El Gobierno convirtió la Casa de la Moneda en sociedad anónima
La gestión libertaria avanza con el plan de reestructuración de la empresa encargada de la impresión de billetes y acuñación de monedas.
El Gobierno nacional formalizó este martes la transformación legal de la tradicional Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), en el marco del plan de reestructuración del sector público. Esta decisión, establecida en el Decreto 295/2025 publicado en el Boletín Oficial, consolida un proceso iniciado en diciembre de 2024, tras la intervención de la entidad ordenada por el Ejecutivo.
El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y responde a lo dispuesto en el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública y abrió la puerta a una reconfiguración jurídica de diversas empresas estatales.
Qué implica el cambio para la Casa de Moneda
Aunque el cambio jurídico es importante, la propiedad no varió: el Estado nacional continúa como único accionista. El nuevo estatuto aprobado estipula que la empresa funcionará bajo el régimen de sociedad anónima durante 99 años, contados desde su creación en 1977, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
La transformación busca "optimizar la eficacia y la eficiencia" de la gestión, brindando mayor flexibilidad operativa. A su vez, se amplió el objeto social para incluir nuevas actividades que ya venía desarrollando la entidad, más allá de la impresión de billetes.
Nuevas funciones y gobierno corporativo
La Casa de Moneda S.A.U. ahora abarca cinco unidades clave: emisión de dinero circulante, producción de instrumentos fiscales, pasaportes, patentes y servicios de destrucción y custodia de billetes para el Banco Central. También podrá expandirse a otras áreas como impresión de documentos especiales, desarrollo de software, soluciones de trazabilidad, inteligencia artificial y servicios de pagos digitales.
El nuevo directorio estará compuesto por tres miembros titulares, reelegibles de forma indefinida, y fiscalizado por una comisión de seis síndicos. Las reuniones podrán ser virtuales, con audio y video en simultáneo. El capital social se fijó en poco más de 123 millones de pesos, íntegramente en manos del Estado.
Además, el Ejecutivo prorrogó por 120 días la intervención vigente, manteniendo a Pedro Daniel Cavagnaro como interventor, mientras avanza la adecuación organizativa pendiente.